La Resistencia De Les Abogades Populares A La Agenda De La Derecha En Argentina
Este post es parte del simposio escrito "Abogacía popular en tiempos de autoritarismo creciente", una colaboración entre la Red Global de Abogados de Movimientos Sociales (coordinada por Movement Law Lab) y el Proyecto LPE. Es la consecuencia de discusiones desarrolladas en el simposio presencial que tuvimos en Río de Janeiro en julio de 2024.
Por Diego Morales (abogado y Director del Equipo de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina); Florencia Ini (abogada del Equipo de Justicia y Seguridad del CELS); Catalina Seinhart (socióloga y Asistente del Equipo de la Dirección Ejecutiva del CELS).
La llegada al poder de Javier Milei en diciembre de 2023 implicó la puesta en marcha de un repertorio ya conocido por los gobiernos de extrema derecha pero en su variante "anarco-libertaria", que avanzó con el desmantelamiento de todo vestigio de Estado de Bienestar y protección social. Al mismo tiempo, estableció una negación autoritaria de cualquier disidencia, caratulando a distintos derechos existentes como cuestiones de "ideologías de izquierda" que deben ser erradicadas.
Estas políticas ya impactaron significativamente, particularmente entre los grupos más vulnerables de Argentina: la tasa de pobreza alcanza al 50% de la población. En este breve post, explicamos las dimensiones más significativas del programa de Milei y consideramos hasta qué punto el derecho existente puede proporcionar protección contra estas políticas.
REDUCCIÓN DEL ESTADO SOCIAL
El tándem autoritario-neoliberal, analizado por Felipe Mesel y Meena Jagannath al comienzo de este simposio, quizás se haya hecho más evidente que nunca en Argentina durante el último año. El gobierno de Milei ha llevado a cabo un recorte implacable de las políticas sociales, especialmente con la reducción del presupuesto público. El ajuste ha ido acompañado de la eliminación de varios ministerios nacionales (de los 17 ministerios nacionales, quedaron 7), y la consolidación de varios otros en el elefantiásico Ministerio de Capital Humano (que combina Trabajo, Desarrollo Social, Educación, Cultura, la Agencia de Seguridad Social y otras catorce dependencias, que incluyen organismos descentralizados y empresas públicas).
Estos cierres y reagrupamientos institucionales se han dirigido principalmente a las funciones sociales del Estado. Por ejemplo, una de las primeras acciones del gobierno fue cerrar el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, creado en 2019. Por primera vez desde 1983, año del retorno de la democracia en Argentina, no existe una agencia u organismo estatal específico para la protección de las mujeres y el colectivo LGBTI+, ya que también se han suprimido otros organismos estatales relacionados con las minorías sexuales y las políticas de género. Así, el nuevo gobierno desarmó herramientas de acompañamiento, protección y custodia construidas durante décadas y con las que el Estado argentino se encuentra comprometido internacionalmente.
Otro aspecto fundamental de la agenda política de Milei apunta a la estigmatización y persecución de organizaciones sociales y al movimiento de derechos humanos. Funcionarios del gobierno y el propio presidente tildan a estas organizaciones de “gerentes de la pobreza” -de hecho, Milei ha afirmado que “roban” los ingresos de la gente para alimentar “botines de guerra de organizaciones de izquierda”- y que, por lo tanto, deben ser erradicadas. De esta manera, el gobierno ha eliminado varias redes que permitían la implementación de políticas a nivel territorial, y además, desde principios de año, ha retenido 5 millones de kilos de alimentos que antes se entregaban a 40 comedores comunitarios gestionados por organizaciones sociales. (Este punto en particular está actualmente en litigio ante los tribunales nacionales).
Además de atacar directamente las políticas sociales existentes, se llevó también adelante una desarticulación de las políticas de memoria, verdad y justicia relacionadas con la última dictadura militar. El gobierno eliminó el equipo que trabajaba con los archivos de las fuerzas armadas, dejó de registrar los juicios de lesa humanidad, suspendió las reparaciones, paralizó los trabajos de preservación a los sitios de memoria y realizó despidos masivos de trabajadores en los sitios de memoria. Los discursos gubernamentales han buscado también recomponer la imagen pública de la última y más sangrienta dictadura argentina -una dictadura que asesinó y desapareció a 30.000 personas- a través de discursos oficiales que reivindican la represión clandestina e ilegal, elogian a jefes militares y justifican prácticas, como las visitas de funcionarios del gobierno a represores condenados por torturas y asesinatos. El objetivo principal de estas acciones es presentar la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia como un exceso (con los perpetradores presentados como víctimas) y revivir la idea de que las personas que fueron torturadas y desaparecidas “debieron haber hecho algo” para merecerlo.
No es de extrañar que el recorte de derechos haya ido acompañado de la persecución y represión a quienes salen a la calle a protestar. Apenas cinco días después de su llegada al poder, el gobierno publicó un protocolo “anti-piquetes” que restringe severamente el derecho a la protesta. Según este protocolo, cualquier manifestación que implique el bloqueo de calles o carreteras constituye un delito, lo que permite a las fuerzas de seguridad dispersar la protesta. El protocolo también contiene disposiciones para recopilar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales que participen de la protesta. Según datos producidos hasta junio de este año, la activación del protocolo ha incrementado significativamente el uso de la fuerza policial (gas pimienta, bastones, camiones hidrantes, etc.), con 665 personas heridas de diversa gravedad en episodios represivos en la Ciudad de Buenos Aires. Además, más de 100 personas fueron detenidas en el marco de protestas sociales en todo el país. En algunos casos, el gobierno justificó la violencia estatal hablando de “terrorismo” y “golpe de Estado”.
Por último, el gobierno de Milei ha promovido un notable cambio en la política exterior, con profundas repercusiones en la tradición argentina de derechos humanos. El gobierno se ha distanciado de las posiciones construidas internacionalmente por los partidos políticos democráticos de las últimas cuatro décadas, en un intento deliberado de evitar cualquier posible articulación con la región latinoamericana. Al mismo tiempo, el gobierno ha abrazado abiertamente una agenda global de extrema derecha, y Milei ha buscado profundizar la conexión con la extrema derecha global a través de la participación en eventos del partido de extrema derecha español Vox, CPAC de Estados Unidos y Brasil.
¿PUEDE PROTEGERNOS EL DERECHO?
Tras esta breve caracterización del incipiente intento de Milei de transformar el Estado (compartimos esta nota para un desarrollo más exhaustivo), cabe preguntarse hasta qué punto nos puede proteger el derecho. Esta pregunta es especialmente relevante dada la aversión del gobierno a llevar adelante políticas mediante normativas escritas. En cambio, muchas de las medidas se expresan a través de discursos públicos y/o en plataformas de redes sociales, a menudo difundidas por cuentas fuertemente vinculadas al gobierno (“trolls”). Asimismo, la mayoría de las medidas que están escritas tienen rango infralegal (decretos de necesidad y urgencia, resoluciones, protocolos, etc.), lo que dificulta su cuestionamiento formal.
Las organizaciones de derechos humanos tenemos al derecho como nuestro campo de acción. En el marco actual, nuestras estrategias históricas y nuestra capacidad de utilizar el derecho se enfrentan a nuevos desafíos que aparecen cuando acudimos a los tribunales. El primer problema al que nos enfrentamos está relacionado con la jurisdicción. Para dar un ejemplo ilustrativo, en el CELS -una organización de derechos humanos con sede en Argentina fundada en 1979 por familiares de personas detenidas y desaparecidas en la dictadura- hemos pasado seis meses litigando sobre qué tribunal tiene jurisdicción para analizar una norma que tipifica como delito cortar una calle durante una manifestación. Pocos días después de que se anunciara la medida, presentamos la primera acción judicial solicitando la nulidad e inconstitucionalidad de dicha resolución. Desde entonces, la acción ha pasado por innumerables jueces sin que ninguno de ellos tome el caso y lo trate seriamente.
A diferencia de otros países, en Argentina no tenemos un “control concentrado de constitucionalidad” en el que un tribunal constitucional supervisa directamente la constitucionalidad de las leyes y decretos. En su lugar, para impugnar una ley es necesario iniciar un proceso (a partir de “un caso”) sobre el que el sistema judicial pueda pronunciarse. En respuesta a nuestros casos contra decretos presidenciales que derogan o sustituyen otras leyes preexistentes, los tribunales han sostenido que sólo pueden analizar caso por caso, identificando a una persona directamente afectada por esa norma. Bajo esta lógica, nadie en Argentina tendría legitimidad para discutir normas jurídicas generales, y el gobierno sigue utilizando artimañas para hacer inviable el control judicial de muchas de sus medidas.
Además, el gobierno ha propuesto dos candidatos a la Corte Suprema con perfiles preocupantes. Uno de ellos está bajo escrutinio por su falta de investigación y sus retrasos en la tramitación de casos de corrupción. El otro se ha manifestado abiertamente en contra del derecho a la interrupción legal del embarazo (legal en Argentina desde 2020) y rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la reforma de 1994. Su nombramiento para la Corte crearía un obstáculo significativo para la protección efectiva de los derechos humanos en Argentina. Asimismo, la nominación de dos candidatos varones en una Corte integrada exclusivamente por hombres es contraria a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a la que Argentina adhirió.
En este frágil escenario, donde prevalece la vulneración de derechos y donde las instituciones de justicia no logran dar respuestas efectivas, la lucha a través de los tribunales debe ser entendida como una estrategia defensiva. Debe apuntar a garantizar el cumplimiento de derechos básicos que no pueden ser negados. E incluso cuando es improbable que prevalezcan estas demandas judiciales, presentarlas es necesario para echar luz sobre las acciones del gobierno y, en última instancia, obstaculizar los retrocesos en materia de derechos humanos.
Finalmente, el derecho, y en concreto la abogacía popular, deben funcionar como garantía para generar resistencias. Tiene que jugar el papel de colaborar y ser parte de procesos colectivos junto a otros actores sociales para aportar certezas sobre las incertidumbres que trae el gobierno, y desmontar los discursos gubernamentales que buscan vulnerar derechosbásicos y fundamentales, discursos que carecen de fundamentos o evidencias, y que amenazan a la población y generan una sensación de vulnerabilidad e indefensión. En estos tiempos inestables y peligrosos, les abogades populares no sólo deben proporcionar apoyo y asistencia a los individuos, sino actuar como freno principal al sometimiento y proporcionar herramientas a los movimientos sociales para ofrecer y ejercer resistencia.
